El Gobierno Vasco aprueba un decreto para mejorar la cadena alimentaria en Euskadi

En un paso para avanzar hacia un sistema agroalimentario más justo, transparente y sostenible, el Gobierno Vasco ha aprobado un decreto por el que regula una serie de medidas e instrumentos para el desarrollo efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria en el País Vasco. Esta iniciativa, impulsada por los Departamentos de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Turismo, Comercio y Consumo, responde a la necesidad de abordar los desafíos estructurales que enfrenta el sector primario vasco, particularmente en lo que respecta al aumento persistente de los costes de producción y la asimetría en las relaciones comerciales.

El decreto establece un marco legal que busca garantizar la transparencia y la equidad en las relaciones comerciales entre todos los operadores de la cadena alimentaria, desde los productores primarios hasta los consumidores finales. Para ello, se crean dos herramientas fundamentales:

• El Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi: Tiene como objetivo fomentar la sostenibilidad social, económica y medioambiental en toda la cadena alimentaria, poniendo énfasis en el sector primario. Busca poner en valor los productos agroalimentarios vascos de calidad, mejorar la información y la percepción de los consumidores sobre los productos y el funcionamiento de la cadena, y promover prácticas comerciales transparentes y contratos justos que garanticen un reparto equitativo de los beneficios.
• El Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi: Se encargará de realizar un seguimiento exhaustivo del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los costes asociados a la producción de alimentos. Entre sus funciones clave se encuentran la divulgación del Código de Buenas Prácticas Mercantiles y la promoción de su adhesión entre los operadores de la cadena, la elaboración de propuestas de mejora y recomendaciones para optimizar el funcionamiento de la cadena en su conjunto, y la supervisión de las prácticas comerciales empleadas por todos los actores involucrados.

El decreto también designa una Autoridad de Ejecución encargada de velar por el cumplimiento de la normativa, llevando a cabo labores de inspección, control y, en caso necesario, sancionando las prácticas comerciales irregulares que puedan detectarse en la cadena alimentaria.